A esos puertos arriban embarcaciones provenientes de Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, aunque muestran banderas de otras naciones. En ellos se transportan drogas ocultas en sumergibles pequeños a modo de torpedos.
Los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa (o Pacífico) concentran sus operaciones de narcotráfico en seis puertos del país a donde arriban embarcaciones procedentes de Centro y Sudamérica con cargas ocultas.
Según un reporte de inteligencia naval, los puertos de Ciudad de Carmen (Campeche), Ensenada (Baja California), La Paz (Baja California Sur), Manzanillo (Colima), Mazatlán (Sinaloa) y Lázaro Cárdenas (Michoacán) se encuentran en disputa por los cárteles de Sinaloa y CJNG, un aspecto que ha elevado “los índices de violencia por controlar las rutas de logística criminal”.
El mismo documento asevera que, durante la gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en los puertos mencionados, los grupos criminales suscitaron “la corrupción con funcionarios y autoridades para involucrarlos en sus operaciones y extraer o cargar drogas”.
Asimismo, hace constar que a esos puertos arriban embarcaciones provenientes de Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, aunque muestran banderas de otras naciones. En ellos se transportan drogas ocultas en sumergibles pequeños a modo de torpedos cargados o incluso pegados al casco de las embarcaciones para transportar la mercancía.
El Gobierno mexicano y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han detectado diversas irregularidades en los puertos del país, que van desde la entrega de las terminales marítimas a los cárteles de la droga, hasta la pérdida de millones de pesos por actos de corrupción en la gestión de trámites.
Asimismo, se acusa que la gestión de la SCT sobre los 117 puertos y terminales de México no fue transparente en la concesión y manejo de la seguridad privada de los puertos y terminales marítimas, e igualmente, en la adjudicación de contratos de cesión parcial de derechos y casos de evasión fiscal ocurridos en los puertos.
Otra de las irregularidades detectadas fue el trasiego, con la supuesta anuencia de autoridades de la SCT y de Petróleos Mexicanos (Pemex), de combustible de manera irregular en las terminales de usos múltiples ubicadas en el Golfo de México.
Ante este diagnóstico, se prevé que el 27 de octubre el Congreso mexicano apruebe reformas para facultar a la Secretaría de Marina (Semar) a cumplir con las tareas de administración y seguridad de los 102 puertos, además de asumir el control sobre la navegación comercial del país.
“Como se trata de delincuencia organizada y es la amenaza a los funcionarios públicos de ‘plata o plomo’, pues se requiere que esté la Semar. Se está haciendo un diagnóstico de cómo funcionan los puertos”, mencionó sobre el tema el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 19 de octubre.
Aunque se espera que para fines de 2020 los puertos ya estén bajo la administración de la Semar, organizaciones de marinos mercantes han realizado manifestaciones en la sede del Senado mexicano en un último intento por detener el traspaso del control de los puertos a esa Secretaría.
Este grupo argumenta que la transferencia del control de los puertos de la SCT a la Semar provocará que se inhiba la inversión privada en los puertos. Del mismo modo, acusa la intención de militarizar la educación de los marinos mercantes, lo cual amenaza con desplazar por completo a los mandos civiles del sector marítimo.
Debido a esto, los senadores Mónica Fernández Balboa, Eruviel Ávila Villegas y Ana Lilia Rivera Rivera anunciaron la realización de un parlamento abierto a distancia, en el cual se discutirá la minuta enviada por la Cámara de Diputados para ampliar las atribuciones de la Marina en los puertos de México.
