Entre diciembre de 2018 y junio de 2021 se han ubicado en México 1749 fosas y se han exhumado 3025 cuerpos.

Por ley, la Fiscalía General de la República (FGR) de México está obligada a la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) que concentre información útil en la búsqueda de desaparecidos en el país.

Aunque es su responsabilidad, la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha desatendido sus obligaciones con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, publicada en 2017, y no ha conformado este banco de datos, acusó este 5 de enero el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

El juzgado de distrito décimo primero en materia administrativa en la Ciudad de México admitió el 31 de diciembre de 2021 una demanda de amparo contra la Fiscalía por su omisión, un procedimiento judicial interpuesto por Olimpia Montoya, hermana de un joven desaparecido en Guanajuato, con el acompañamiento del Centro Prodh.

El amparo reclama afectaciones al derecho de las víctimas a acceder a la verdad y justicia en torno a personas desaparecidas como consecuencia de la falta de creación y operación del BNDF.

“(El Banco) debe concentrar la información forense con fines de identificación, incluyendo la genética, de los registros de las entidades federativas y de los federales, así como del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas”, estimó el Prodh en un comunicado.

“Dicha omisión, además de constituir el desacato de una norma, en los hechos ha implicado que Olimpia, como miles de familiares más, no pueda tener certeza de que los perfiles genéticos que han aportado a la Fiscalía están siendo cotejados de forma constante y continua con todas las bases de datos en materia genética de personas fallecidas no identificadas”, expresó el organismo defensor.

La crisis de personas desaparecidas en el país ha sido reconocida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, y se expresa en un registro oficial de más de 95.000 desaparecidos y 52.000 cuerpos sin identificar.

Entre diciembre de 2018 y junio de 2021 se han ubicado en México 1.749 fosas y se han exhumado 3.025 cuerpos, recordó el Centro Prodh, lo que subraya la necesidad de la creación de este banco de datos forenses.

Sputnik conversó con Melissa Zamora, co-coordinadora del área de defensa integral del organismo de derechos humanos, para indagar en las implicaciones de esta omisión de la Fiscalía General de México.

Una oportunidad para familiares de desaparecidos

“Creemos que ha habido grandes avances por parte de diversas autoridades”, admite Zamora en entrevista telefónica, “sin embargo, la omisión en que ha incurrido la Fiscalía General todavía muestra esa falta de voluntad y de no ver como una prioridad la creación de este Banco Nacional, que sin duda representa una medida necesaria para abordar la crisis forense en nuestro país”.

Acerca de la admisión del amparo interpuesto por Olimpia Montoya en el poder judicial, Zamora opina que el juicio podría derivar en que se ordene a la FGR la creación de este banco de datos forenses, con lo que se trascendería la resonancia individual de la víctima y el caso podría convertirse en un punto de beneficio para los familiares de desaparecidos del país.

“Pensar que este caso pudiera resolverse en forma favorable sería benéfico para todas las personas que se encuentran en esta búsqueda de justicia y verdad para sus seres queridos”, anotó la defensora.

El Banco Nacional de Datos Forenses, recordó Zamora, tiene como objetivo concentrar todas las bases de información genética y forense de los 32 estados que constituyen México, toda vez que la fragmentación de estos datos multiplica esfuerzos, triangulaciones y procesos.

“En muchos estados de la república estas bases de datos están en diversas instituciones, entonces el que no exista este Banco Nacional lo que implica es que al interior de cada una de las investigaciones se presenten serias complicaciones para dar con la identificación de las personas desaparecidas”, señaló.

“Son las propias familias quienes durante los últimos años nos han demostrado tener realmente la intención y la capacidad de salir a buscar a sus seres queridos, y no solamente han salido sino que también han encontrado, y muchos colectivos de forma organizada han dado con fosas clandestinas”, reconoció.

Sin embargo, abundó Zamora, en el procesamiento de información genética y en los procesos de identificación se genera un gran rezago en la búsqueda de desaparecidos, no obstante el esfuerzo de los familiares de víctimas.

Cambios en la política de búsqueda y soluciones pendientes

A pesar de los pendientes en búsqueda de desaparecidos en México, se puede hablar de cambios positivos entre las autoridades del Estado para acompañar a las familias de personas desaparecidas, reconoce la defensora, pero no son suficientes.

Estos avances encuentran dificultades significativas en la ausencia de herramientas como el Banco Nacional de Datos Forenses, recalcó Zamora.

“Si bien es un avance el tener estos protocolos de búsqueda homologados, de contar con comisiones estatales de búsqueda, vemos que ya no solamente se necesita la búsqueda, sino también la identificación”, dijo.

En ese sentido, la defensora comparó la diferencia entre personas desaparecidas y cuerpos sin identificar: más de 95.000 en el primer caso y más de 52.000 en el segundo, lo que refleja que la tarea de identificación representa más de la mitad de pendientes en el ámbito de personas sin ubicar.

“Si bien este gobierno sí ha dado, sí ha tomado medidas importantes, estas no son suficientes”, concluyó.