POR: CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN

Una filtración de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos revela que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos hicieron caso omiso a las medidas de combate al lavado de dinero y movieron enormes cantidades de dinero ilícito para redes criminales y personajes oscuros que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo.

Los archivos muestran que cinco bancos globales –JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon– mantuvieron sus operaciones para personajes poderosos, incluso después de que las autoridades de Estados Unidos las multaran por sus fallas en contener los flujos de dinero negro.

Las agencias de Estados Unidos que luchan contra el lavado de dinero solo enjuiciaron en raras ocasiones a los megabancos, y las escasas sanciones apenas impactaron la avalancha de dinero lavado en el sistema financiero internacional.

En algunos casos, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de recibir advertencias de cargos criminales por hacer negocios con mafias, estafadores y regímenes corruptos.

JP Morgan, el mayor banco con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y compañías responsables del saqueo masivo de recursos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según revelan los documentos filtrados.

El banco movió más de mil millones de dólares para un financiero prófugo responsable del fraude 1MDB en Malasia, según muestran los archivos, y más de 2 millones de dólares para un joven magnate venezolano de la energía, cuya empresa ha sido acusada de engañar al gobierno de Venezuela y provocar apagones eléctricos que paralizaron gran parte del país.

Según muestran los registros, durante una década JPMorgan también procesó pagos de más de 50 millones de dólares para Paul Manafort, el antiguo jefe de campaña del presidente estadunidense Donald Trump. El banco movió al menos 6.9 millones de dólares en transacciones de Manafort durante los 14 meses posteriores a su renuncia de la campaña, en medio de un sinfín de acusaciones por lavado de dinero y corrupción derivados de su trabajo con un partido político prorruso en Ucrania.

Transacciones tóxicas continuaron pasando por cuentas bancarias de JP Morgan, pese a las promesas del banco para mejorar sus controles antilavado, como parte de acuerdos que alcanzó con las autoridades de Estados Unidos en 2011, 2013 y 2014.

JPMorgan dijo que tiene prohibido contestar preguntas sobre transacciones o sus clientes. Dijo que ha tomado un “rol de liderazgo” en la realización de “investigaciones proactivas de inteligencia” y en el desarrollo de “técnicas innovadoras para ayudar a combatir el crimen financiero”.

HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon también continuaron los pagos sospechosos a pesar de tener los mismos compromisos con las autoridades, según muestran los documentos secretos.

Los documentos filtrados, conocidos como FinCEN Files, incluyen más de 2 mil 100 reportes de actividades sospechosas, que bancos y otras firmas financieras enviaron al Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La agencia, más conocida por sus siglas FinCEN, es una unidad de inteligencia en el corazón del sistema global contra el lavado de dinero.

BuzzFeed News obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que organizó un equipo de más de 400 periodistas de 110 medios en 88 países para investigar el mundo de los bancos y el lavado de dinero.

En total, según un análisis del ICIJ, los documentos muestran transacciones por un importe total de al menos 2 billones de dólares, realizadas entre 1999 y 2017, y que las oficinas internas de cumplimiento de las instituciones financieras señalaron como actividades potenciales de lavado de dinero u otra actividad criminal –incluyendo 514 mil millones de dólares de JPMorgan y 1,3 billones de Deutsche Bank. Los reportes de actividades sospechosas reflejan las preocupaciones de los analistas de los bancos y no son necesariamente evidencia de conductas criminales o malas prácticas.

Los 2 billones de dólares identificados en transacciones sospechosas en el marco de este grupo de documentos son solo una gota en el océano de dinero sucio que brota en los bancos en todo el mundo. Los FinCEN Files representan menos del 0,02% de los más de 12 millones de reportes de actividades sospechosas que las instituciones financieras enviaron entre 2011 y 2017.

El conjunto de reportes de actividades sospechosas, junto a cientos de archivos con nombres, fechas y cifras, detallan flujos de transacciones potencialmente ilícitas realizadas por clientes de al menos 170 países. Además de los FinCEN Files, el ICIJ y sus socios obtuvieron más de 17 mil 600 archivos adicionales de empleados y denunciantes, documentos judiciales, solicitudes de acceso a la información y otras fuentes. El equipo entrevistó a centenares de personas, incluyendo a expertos en delitos financieros, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y víctimas.

Según BuzzFeed News, algunos de los archivos filtrados vienen de las investigaciones del Congreso de Estados Unidos sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Otros derivan de solicitudes de agencias al FinCEN.

Los FinCEN Files ofrecen una visión inédita en la opacidad del sistema bancario internacional, sus clientes anónimos y, en muchos casos, en los delitos financieros.

Los documentos muestran cómo los bancos mueven dinero de manera ciega entre sus cuentas para personas que no pueden identificar, tardan hasta años en señalar posibles esquemas de lavado de dinero, e incluso hacen negocios con clientes involucrados en fraudes financieros y en escándalos de corrupción.

Autoridades de Estados Unidos han ordenado a los grandes bancos que reformen sus prácticas. En “acuerdos de procesamiento diferidos”, les impusieron multas de cientos e incluso miles de millones de dólares, y les amenazaron con cargos judiciales.

La investigación de 16 meses del ICIJ y sus socios muestra que estas tácticas no han funcionado. Los grandes bancos siguen jungando un papel central en el movimiento del dinero de la corrupción, el fraude, el crimen organizado y el terrorismo.

“Al fallar por completo en prevenir transacciones corruptas a gran escala, las instituciones financieras han abandonado su papel de defensa en primera línea contra el lavado de dinero”, afirmó al ICIJ Paul Pelletier, un ex alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscal de delitos financieros.

Señaló que los bancos saben que “operan en un sistema en gran parte sin dientes”.

Cinco de los bancos más destacados en los FinCEN Files –Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan y HSBC- violaron en repetidas ocasiones sus promesas de buen comportarse bien, según los archivos confidenciales.

En 2012, la sede de HSBC en Londres –el banco más grande de Europa–, firmó un acuerdo de procesamiento diferido y admitió que había lavado al menos 881 millones de dólares de grupos criminales de América Latina. Los narcotraficantes usaron cajas especialmente diseñadas para ajustarse a las ventanillas de los cajeros del HSBC; dejaron enormes cantidades de dinero de la droga en el sistema financiero.

Mediante el acuerdo con los fiscales, HSBC pagó mil 900 millones de dólares, a cambio, el gobierno suspendió las acusaciones y se comprometió a abandonarlas por completo a los cinco años si HSBC cumplía su promesa de combatir agresivamente el flujo de dinero sucio.

Los FinCEN Files muestran que, durante esos cinco años de prueba, HSBC siguió moviendo dinero de personajes cuestionables, señalados por lavar dinero de Rusia o encabezar una estafa piramidal de Ponzi, que está siendo investigado en varios países.

A pesar de esto, el gobierno de Estados Unidos permitió que HSBC anunciara, en diciembre de 2017, que había “cumplido con todos sus compromisos” del pacto de procesamiento diferido, y que los fiscales habían desistido de los cargos criminales en su contra para siempre.

En un comunicado dirigido al ICIJ, HSBC se negó en contestar a las preguntas sobre clientes o transacciones específicos. HSBC dijo que la información del ICIJ es “histórica” y “precede” el plazo de su acuerdo de procesamiento diferido. Durante este tiempo, según el banco, “se embarcó en un viaje de varios años para revisar su capacidad de combatir los delitos financieros… HSBC es una institución mucho más segura de lo que era en 2012”.

HSBC apuntó que, cuando retiró la amenaza de cargos criminales contra el banco, el gobierno tuvo acceso a informes de un supervisor que revisó las reformas.

El Departamento de Justicia se negó a contestar preguntas específicas. En un comunicado, un vocero de la división criminal del departamento afirmó: “El Departamento de Justicia respalda su trabajo, y mantiene su compromiso de investigar y perseguir agresivamente los delitos financieros –incluyendo el lavado de dinero-, donde sea que lo encontremos”.

‘Todos lo están haciendo mal’: un enorme flujo de dinero sucio inunda a los burócratas

El lavado de dinero no es un crimen sin víctimas.

El libre flujo del dinero sucio sostiene bandas criminales, desestabiliza naciones, y fomenta la desigualdad económica global. A menudo, los fondos lavados pasan en cuentas de oscuras sociedades fantasmas registradas en paraísos fiscales opacos, lo que permite a las élites esconder grandes cantidades de dinero de las autoridades.

Un análisis del ICIJ encontró que los bancos que aparecen en FinCEN Files suelen procesar operaciones para sociedades registradas en jurisdicciones secretas, sin conocer el “último beneficiario final” de carne y hueso de la cuenta. Los dueños de estas cuentas corporativas tienen direcciones en Reino Unido, Estados Unidos, Chipre, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Suiza. Al menos el 20% de los reportes tienen un cliente con una dirección en Islas Vírgenes Británicas.

El análisis del ICIJ encontró que, en la mitad de los informes, los bancos no tenían información sobre entidades involucradas en transacciones y las etiquetaron como “sociedades sin identificar”. En más de 680 informes, las instituciones financieras preguntaron por más información sobre estas sociedades, y en más de 160 ocasiones otros bancos no respondieron. Algunos bancos o filiales en países como Suiza apelaron a leyes nacionales sobre el secreto bancario para negar la información.

Estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (ONUDC) estiman que 2,4 billones de dólares de fondos ilícitos son lavados cada año –cifra equivalente a casi el 2,7% de todos los bienes y servicios que se producen cada año en el mundo. La agencia estima que las autoridades detectan menos del 1% del dinero sucio.

“Todos lo están haciendo mal”, admitió en una entrevista con ICIJ David Lewis, secretario ejecutivo de Financial Action Task Force, una organización de gobiernos con sede en París, que aspira a establecer estándares internacionales contra el lavado de dinero.

Los informes de evaluación por países que realiza su organización muestran poca mejora en la práctica. Muchos países parecen estar más preocupados por cómo lucen sobre el papel que realmente por acabar con el lavado de dinero, afirmó.

Una asociación de los principales bancos del mundo incluso se quejó el año pasado de que los reguladores se centran más en el “cumplimiento técnico” que en asegurarse que los sistemas “realmente están marcando la diferencia a la hora de luchar contra el crimen financiero”.

Una bomba en Jerusalén

Para algunas instituciones financieras, el cliente problemático es otro banco.

Una mañana de 2003 Steven Averbach estaba en el autobus número 6 en Jerusalén, cuando un hombre corrió detrás para treparse.

“Había demasiadas cosas fuera de lugar” respecto al hombre, recordó Averbach, quien creció en New Jersey y emigró a Israel cuando era adolescente. El hombre vestía unos largos pantalones negros, una camisa blanca y una chaqueta negra, el típico atuendo de un judío ortodoxo, pero llevaba “zapatos de punta” que no encajaban con el típico atuendo ortodoxo, y su chaqueta estaba abultada. En su mano derecha había un dispositivo que parecía un timbre.

Averbach, que anteriormente había trabajado como instructor en jefe de armamento para la policía de Jerusalén, sacó su arma. Cuando el antiguo policía se volvió hacia el hombre, “se inmoló”, según testificó Averbach más tarde en una declaración en vídeo.

La explosión mató a siete personas e hirió a otras 20, dejando a Averbach paralítico del cuello para abajo. Murió en 2010 a consecuencia de sus heridas.

En aquel entonces, él y su familia se convirtieron en partes demandantes de un proceso judicial en Estados Unidos, acusando a una institución financiera de Jordania, el Arab Bank, de mover fondos que ayudaron a financiar el atentado del autobús y otros ataques terroristas.

Los FinCEN Files muestran que, a medida que el litigio arrojaba sombra sobre el Arab Bank, un banco más grande e influyente aparecía como beneficiario: el Standard Chartered, con sede en Reino Unido.

En 2005, las autoridades encontraron deficiencias en los controles del Arab Bank contra el lavado de dinero y le obligaron a reducir sus transferencias de dinero en dólares. Inmediatamente después, el Standard Chartered ayudó a los clientes del banco jordano a acceder al sistema financiero de Estados Unidos.

Standard Chartered mantuvo su relación con el Arab Bank mientras la demanda crecía en los tribunales de Estados Unidos, e incluso después de que las autoridades estadunidenses le ordenaron que detuviera las transacciones para clientes sospechosos.

En 2012, las autoridades de Nueva York concluyeron que Standard Chartered había “conspirado con el gobierno de Irán” para mover 250 mil millones de dólares a cambio de “cientos de millones de dólares en comisiones”, con lo que dejaron “el sistema financiero estadunidense vulnerable a terroristas, traficantes de armas, narcotraficantes y regímenes corruptos”. Ese año, Standard Chartered pagó multas por 670 millones de dólares en acuerdos con autoridades.

Pese a sus promesas de mantenerse alejado de clientes sospechosos, entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014 Standard Chartered procesó 2 mil 55 transacciones de clientes del Arab Bank, por un importe total de más de 24 millones de dólares, según muestran los FinCEN Files.

A finales de septiembre de 2014, Standard Chartered tuvo otra razón para alejarse del Arab Bank. En la demanda derivada del atentado contra el autobús de Jerusalén y de otros ataques, un jurado de Brooklyn determinó que el Arab Bank apoyó a sabiendas el terrorismo, pues bajo el maquillaje de donaciones, envió dinero al Hamas, el grupo militante palestino que Estados Unidos clasifica como organización terrorista.

Más de un año después, empleados del área de cumplimiento de Standard Chartered enviaron al FinCEN un reporte de actividad sospechosa relativo a los acuerdos del banco con el Arab Bank y expresaron su preocupación por “el potencial financiamiento del terrorismo”.

Pero esto no fue el final.

Después del veredicto y hasta febrero de 2016, Standard Chartered movió casi 12 millones de dólares adicionales para clientes del Arab Bank, según un reporte de seguimiento de actividades sospechosas incluido en los FinCEN Files.

Muchas transferencias se referían a “beneficiencia”, “donaciones”, “apoyo” o “regalos”, señaló el banco. El informe de seguimiento advirtió que los registros de pagos agudizaron la preocupación –como en el caso judicial de Brooklyn– de que “actividades ilícitas” estaban siendo financiadas «bajo la apariencia de la beneficiencia”.

El fallo civil contra el Arab Bank se anuló cuando un tribunal de apelación encontró fallas en las instrucciones del jurado de primera instancia. Arab Bank alcanzó posteriormente un acuerdo con casi 600 víctimas y familiares por una cantidad no revelada.

En una declaración, el Arab Bank dijo a ICIJ que “aborece el terrorismo y no apoya ni alienta actividades terroristas”. El banco dijo que las alegaciones en su contra tienen cerca de 20 años, en una época en la que las leyes, las herramientas y las tecnologías antilavado eran distintas a las actuales.

“En cada país en el que opera, Arab Bank tiene buenas evaluaciones de las autoridades y cumple con las leyes antiterroristas y antilavado”, dijo el banco. Los límites que las autoridades de Estados Unidos impusieron al banco en 2005 fueron levantados en 2018.

Standard Chartered dijo a la BBC, socio de ICIJ, que “inició la cláusura de una cuenta” relacionada con Arab Bank poco tiempo después del juicio. “Este proceso puede tomar tiempo a veces”, dijo el banco, “pero de todas maneras el banco sigue cumpliendo con sus obligaciones” mientras existan cuentas.

Arab Bank subrayó que “goza de una relación de larga duración con Standard Chartered” que “contínua a la fecha”. Standard Chartered ya no procesa transacciones en dólares para Arab Bank, pero le sigue proveyendo servicios bancarios, dijo el banco a ICIJ.

Recompensas y riesgos

Los bancos mueven dinero sospechoso porque es rentable: los bancos pueden completar sus resultados finales con las comisiones que cobran cada vez que el dinero se mueve en sus cuentas. JPMorgan, por ejemplo, ganó cerca de 500 millones de dólares como banco del estafador Bernie Madoff, según los documentos de la bancarrota generada por el colapso de su multimillonario esquema Ponzi.

Tratar con clientes turbios tiene sus riesgos. En 2011, JPMorgan pagó 88 millones 300 mil dólares para solventar los señalamientos por violar las sanciones económicas contra Irán y otros países sujetos a embargos de Estados Unidos. En 2013, funcionarios del Tesoro sancionaron al banco con una orden de “cese y desistimiento”, que detalló “deficiencias sistémicas” en sus medidas contra el blanqueo de dinero y apuntó que el banco había “fallado a la hora de identificar volúmenes significativos de actividades sospechosas”.

En enero de 2014, el banco pagó otros 2 mil 600 millones de dólares para cerrar investigaciones sobre su papel en el esquema de Madoff. Tan solo en ese trimestre, JPMorgan registró más del doble en ganancias y ese año sus beneficios rondaron los 22 mil millones de dólares. Madoff se declaró culpable y cumple una sentencia de 150 años en una prisión federal.

Después de estas acciones delictivas, JPMorgan siguió moviendo dinero para personas envueltas en supuestos delitos financieros, según muestran los FinCEN Files.

Fue el caso de Jho Low, un banquero acusado por las autoridades de varios países de diseñar un fraude de 4 mil 500 millones de dólares a partir de un fondo de desarrollo económico de Malasia, llamado 1Malaysia Development Berhad, o 1MDB. Low movió mil 200 millones de dólares a través de JPMorgan entre 2013 y 2016, según muestran los archivos.

En un primer momento, Low ganó popularidad por salir de fiesta con Paris Hilton, Leonardo DiCaprio y otros famosos. Una noche, en un club de la Costa Azul francesa, participó en una puja por un lote de champán Cristal, y ganó la subasta con una oferta final de 2 millones de euros, según ‘Billion Dollar Whale’, un libro sobre la estafa de 1MDB.

A principios de 2015 salió por primera vez en los medios de comunicación, como figura clave del escándalo 1MDB, también conocido como “el atraco del siglo”. Singapur emitió una orden de arresto en abril de 2016. Autoridades de Estados Unidos, Malasia y Singapur todavía tratan de capturarlo.

JPMorgan también movió dinero de empresas y personas relacionadas con escándalos de corrupción en Venezuela y participó en una las peores crisis humanitarias del mundo. Uno de cada tres venezolanos no tiene acceso a comida suficiente, según informó la Organización de las Naciones Unidas este año, y millones han huido del país.

Uno de los venezolanos que recibieron ayuda de JPMorgan fue Alejandro ‘Piojo’ Isturiz, un exfuncionario acusado en Estados Unidos de participar en un esquema internacional de lavado de dinero. Los fiscales alegaron que, entre 2011 y 2013, Isturiz y otros cobraron sobornos para manipular los contratos de energía del gobierno. El banco movió más de 63 millones de dólares para empresas relacionadas con Isturiz entre 2012 y 2016, según muestran los FinCEN Files.

Los archivos confidenciales también muestran que JPMorgan proveyó de servicios bancarios a Derwick Associates, una empresa energética que ganó miles de millones de dólares en contratos públicos para reparar la defectuosa red eléctrica de Venezuela. Un análisis realizado en 2018 por la oficina venezolana de Transparencia Internacional concluyó que esta empresa falló a la hora de suministrar la potencia eléctrica esperada, y además sobrefacturó al gobierno de Venezuela al menos 2 mil 900 millones de dólares.

Alejandro Betancourt gozaba de sus veinte años cuando fundó Derwick con un primo más jóven.

Desde 2011, notas periodísticas acusaban a los primos y Derwick; posteriormente, la empresa presentó una demanda en la cual alegaba que era víctima de una campaña de difamación que la identificaba falsamente de ser parte de un “grupo criminal”. La demanda se resolvió en términos no revelados.

Los FinCEN Files muestran que Derwick utilizó cuentas en JPMorgan para mover al menos 2.1 millones de dólares entre 2011 y 2012 y que el banco procesó otras transacciones de cantidades no detalladas para Derwick y sus directivos al menos en 2013.

Un abogado de Betancourt afirmó: “Mi cliente niega cualquier mala práctica”.

En un comunicado genérico, JPMorgan señaló que, en 2014 había reconocido que necesitaba mejorar sus controles antilavado, y que desde entonces invirtió “numerosos recursos” en ese sentido.

“Hoy, se dedican miles de empleados y cientos de millones de dólares para apoyar los esfuerzos de las fuerzas de la ley y orden y la seguridad nacional”, afirmó el banco.

“Jefe de jefes”

Los documentos confidenciales muestran cómo los bancos que manejan transacciones internacionales a menudo desconocen con quién están tratando, incluso cuando mueven cientos de millones de dólares.

Es el caso de una misteriosa sociedad fantasma llamada ABSI Securities, que movió más de mil millones de dólares en transacciones a través de JPMorgan entre enero de 2010 y julio de 2015, según muestran los FinCEN Files.

Esta cantidad incluía transacciones realizadas a través de una cuenta bancaria abierta en JPMorgan –que ABSI cerró en 2013–, y de cuentas intermediarias con las cuales JPMorgan procesa transacciones en dólares para bancos extranjeros.

En 2015, los supervisores del banco con sede en Columbus, Ohio, decidieron averiguar quién era el beneficiario real de ABSI, después que un medio de noticias ruso informara que la sociedad estaba vinculada a un personaje oscuro llamado Semion Mogilevich, descrito como el “Jefe de jefes” de los grupos mafiosos de Rusia.

En 2009, cuando el FBI colocó a Mogilevich en su lista de las 10 personas más buscadas, afirmó que su red criminal estaba involucrada en el tráfico de armas y drogas, extorsión y asesinatos. La señal distintiva que este ucraniano corpulento, y fumador empedernido, utiliza para neutralizar a un enemigo es el coche bomba, según informó The Guardian.

Los archivos muestran que los empleados del banco buscaron en vano en sus documentos sobre la sociedad de papel, incapaces de determinar quién se escondía detrás o cuál era su verdadero propósito.

Mientras estos detalles todavía son poco claros, JPMorgan tuvo otras razones para poner la lupa sobre ABSI años antes: operó como una sociedad fantasma en Chipre, una jurisdicción considerada como uno de los principales centros de lavado de dinero en aquel momento, y que movía cientos de millones de dólares a través de JPMorgan.

Mogilevich apareció en ‘Los más buscados del mundo’, una serie documental de Netflix publicada en agosto. A través de un vocero, dijo que no tenía conocimiento sobre ABSI. no pudo ser contactado para dar su punto de vista. Anteriormente había dicho: “No soy el líder o un participante activo de ningún grupo criminal”.

El poderoso dólar

Con base en informes de actividades sospechosas, en 2018 BuzzFeed reveló una serie de pagos secretos a sociedades de papel controladas por Manafort, quien como resultado de estas revelaciones está cumpliendo una pena de arresto domiciliario.

Una antigua funcionaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Natalie Mayflower Sours Edwards, fue acusada de conspirar y divulgar ilegalmente documentos del FinCEN a BuzzFeed.

BuzzFeed no ha realizado ningún comentario sobre su fuente.

FinCEN y las otras agencias americanas juegan un papel importante en el combate global contra el lavado de dinero, en gran parte porque los lavadores y otros delincuentes comparten el mismo objetivo que otros muchos clientes bancarios que operan entre fronteras: convertir su dinero a dólares, la moneda global ‘de facto’.

Un pequeño grupo de bancos con importantes operaciones en Nueva York, en su mayoría estadunidenses y europeos, amasan fortunas en comisiones por realizar este truco, aprovechando su privilegiado acceso a la Reserva Federal de Estados Unidos.

La ley de Estados Unidos confía a los bancos la responsabilidad de ser la primera línea en la prevención del lavado de dinero, y ello a pesar de que su mayor interés es que el dinero –sucio o limpio– se esté moviendo. Aunque los bancos están autorizados a detener una transacción si parece sospechosa, no están obligados a hacerlo: simplemente tienen que presentar un informe de actividad sospechosa al FinCEN.

El FinCEN, con aproximadamente 270 empleados, recopila y analiza más de 2 millones de nuevos informes de actividad sospechosa cada año, procedentes de bancos y otras firmas financieras. Comparte información con otras agencias estadounidenses y con unidades de inteligencia financiera de otros países.

Perdido lejos

Dentro de los grandes bancos, los protocolos de detección de los flujos ilícitos de dinero dependen de personal con exceso de trabajo y falta de recursos. En general, trabajan en oficinas internas lejanas de la sede central y con poca influencia dentro de sus organizaciones.

Documentos de los FinCEN Files muestran que las investigaciones que realizan los empleados de cumplimiento de los grandes bancos para determinar quién está detrás de transferencias de cientos de millones de dólares se limitan generalmente en búsquedas básicas de Google.

Así, a menudo envían reportes de actividad sospechosa después que una transacción o un cliente aparecen en una nota periodística negativa, o de una investigación del gobierno. En general, el dinero ya ésta lejos en ese momento.

En entrevistas con el ICIJ y BuzzFeed, más de una docena de antiguos empleados de cumplimiento en HSBC cuestionaron la eficacia de los programas antilavado del banco. Algunos dijeron que el banco solo les daba herramientas para pasar una mirada superficial sobre los grandes flujos de dinero, y que las oficinas de HSBC fuera de Estados Unidos los ignoraban cuando solicitaban información sobre quién se escondía detrás de las grandes transacciones.

“Ellos decían: ‘Claro, te volveremos a contactar’. Pero nunca se ponían en contacto de nuevo”, recuerda Alexis Grullon, quien supervisó la actividad sospechosa internacional para HSBC en Nueva York entre 2012 y 2014.

En una demanda presentada en diciembre de 2019 en un tribunal federal de Nueva York, empleados del Standard Chartered Bank quienes se opusieron a dejar pasar transacciones ilegales denunciaron amenazas, acosos y despidos.

Los demandantes, Julian Knight y Anshuman Chandra, afirman que debieron abandonar sus trabajos de gestión en el banco después de que los directivos se enteraron de que habían cooperado con una investigación del FBI sobre transferencias de dinero que Standard Chartered había realizado a través de empresas de Irán, Libia, Sudán y Myanmar sancionadas por Estados Unidos.

Según la demanda, Standard Chartered participó en un “esquema de lavado de dinero altamente sofisticado”: alteró los nombres de las partes sujetas a sanciones en Estados Unidos en los documentos de las transacciones y creó una artimaña tecnológica que permitió que estas transacciones ilegales pasaran desapercibidas ante el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Chandra, que trabajó en la filial del banco en Dubai entre 2011 y 2016, concluyó que la evasión a las sanciones ayudó a financiar ataques terroristas “que mataron e hirieron a soldados que servían en la coalición liderada por Estados Unidos, así como a muchos civiles inocentes”.

La demanda plantea que el esquema permitió al banco beneficiarse de la “prima alta” que Irán y sus agentes estaban dispuestos a pagar para convertir los riales iraníes –la moneda del país, depreciada y bajo una sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos– en dólares.

“Puedes ejecutar un programa como este probablemente durante unos pocos meses sin ser detectado si se trata de un grupo pequeño el que lo coordina dentro del banco”, manifestó Chandra en una entrevista con BuzzFeed, socio del ICIJ. “Pero algo como esto sucedió durante años y generó miles de millones de dólares – alguien en la cúpula debió haberse preguntado: ¿Cómo estamos ganando este dinero?”

Chandra y Knight afirman que, cuando asumió las sanciones como parte de su acuerdo de procesamiento diferido de 2012 con las autoridades de Estados Unidos, el banco admitió sólo una parte de sus incumplimientos y mintió sobre la fecha en la que se detuvieron las transacciones ilegales.

La agencia prorrogó el periodo de prueba del banco una y otra vez durante varios años. Finalmente, en 2019, el banco pagó mil 100 millones de dólares más por sus reiterados incumplimientos de sanciones contra Irán y otros países, y acordó ampliar su pacto de procesamiento diferidos por dos años más.

Standard Chartered no contestó a las preguntas remitidas por el ICIJ y sus socios sobre las declaraciones de sus antiguos empleados. En documentos judiciales, Standard Chartered afirmó que estas alegaciones son inverosímiles y sin mérito.