México ha sido el único país del continente americano que logró frenar la introducción de semillas transgénicas de maíz a sus suelos.

En un nuevo capítulo de la lucha intestina que se vive al interior del Gobierno mexicano en torno a la prohibición del herbicida glifosato en el país, la Secretaría de Agricultura hizo pública una versión preliminar que incluye la posibilidad de “analizar” el uso de semillas transgénicas de maíz, hoy prohibido.

México ha sido el único país del continente americano que logró frenar la introducción de semillas transgénicas de maíz a sus suelos, argumentando que éstas representan un peligro para la biodiversidad que la planta tiene en esta parte del mundo, algo que suele referirse con la frase que indica que México es “centro de origen” del maíz.

Esta característica tiene que ver con la historia de los pobladores prehispánicos mesoamericanos que domesticaron el maíz entre decenas de otras plantas básicas para la alimentación mundial actual, dado que en sus climas se puede encontrar todas las variedades de maíz que existen en el mundo.

Sin embargo, la semilla genéticamente modificada tiende a diseminarse y polinizar a las plantas criollas vecinas, como se probó desde inicios del milenio en diversos casos denunciados de contaminación transgénica en campos y milpas que no tenían a los organismos genéticamente modificados en sus parcelas.

Ahora, el nuevo capítulo en torno al impulso (y su freno) que busca prohibir el uso del glifosato, el primer herbicida utilizado de manera masiva en la agricultura industrial, abrió una puerta inesperada en la pelea.

Según la versión del proyecto de decreto presidencial que regule la decisión política anunciada de prohibir el químico, que la Secretaría de Agricultura publicó este 23 de octubre en la página de la Comisión nacional de mejora regulatoria (Conamer) se abre una puerta a la entrada del maíz transgénico a México.

En el artículo sexto de proyecto de decreto de Agricultura al que Sputnik tuvo acceso, puede leerse la siguiente frase:

“Como medida especial de protección al cultivo de maíz, se instruye a las autoridades competentes en materia de bioseguridad para que, en el ámbito de su competencia y de conformidad con la normativa aplicable, analicen la posibilidad de no otorgar permisos para la realización de actividades con semillas de maíz genéticamente modificado”.

A pesar de la redacción enrevesada, de fondo se plantea que se abra la posibilidad de analizar el rechazo a los permisos, planteando un esquema de análisis caso a caso, cuando hasta el momento la prohibición de semillas genéticamente modificadas de maíz en México es total, como medida precautoria de protección, gracias a la llamada Demanda Colectiva del maíz, que abrió una demanda en la Justicia en julio de 2013.

La inclusión de este artículo en el proyecto de Decreto para que sea firmado por el Presidente López Obrador —a diferencia de las versiones del 25 de junio y 3 de agosto de 2020 que no lo tenían— encendió las alarmas en buena parte del movimiento organizado en torno a la campaña Sin maíz no hay país que, junto a Greenpeace rechazaron la propuesta.

“Nuevamente se pretende contradecir las instrucciones del presidente de México al publicar en la Conamer un decreto presidencial que no respeta las declaraciones del primer mandatario de prohibir el glifosato de manera inmediata en todas las dependencias de Gobierno y prohibir el maíz transgénico en el territorio nacional”, señalaron en una misiva pública emitida por ambas organizaciones civiles.

Según han apuntado diversas fuentes a este medio, el decreto propuesto por la Secretaría de Agricultura no cuenta con el respaldo de los secretarios de Salud, Jorge Alcocer, y de Medio Ambiente, Luisa Albores, que estarían más alineados a caminar hacia la eliminación del glifosato en 2024 en México con un proceso gradual, como fue anunciado en primera instancia.

Sin embargo, el presidente López Obrador no termina de dirimir cuál va a ser la versión de decreto sobre el glifosato que efectivamente firme y publique en el Diario Oficial de la Federación para que tenga validez jurídica: si una prohibición total o una más “light” que termine licuando la firmeza del anuncio inicial.