Los flujos históricos de menores migrantes en los últimos han rebasado por mucho la capacidad de las instituciones mexicanas. En 2021 hubo reformas legales para atender el fenómeno, pero lo cierto es que miles de niños, niñas y adolescentes enfrentan un destino incierto en México.

Las tres niñas se encontraban solas entre la maleza de un islote conocido como Isla del Mudo en medio del río Bravo, en Coahuila, en la frontera entre México y Estados Unidos. La mayor protegía en sus brazos a la más pequeña, mientras que la tercera portaba una mochila en la espalda. Cuando las ubicaron los agentes del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) el pasado 11 de enero, una de ellas le dijo que eran hermanas, que eran originarias de El Salvador y que tenían nueve, seis y un año y medio.

Cuatro días después, el domingo 15 de enero, una niña y un niño de 9 y 3 años fueron ubicados por agentes del INM mientras deambulaban solos por el Puente Internacional Santa Fe, en Ciudad Juárez, Chihuahua, también en la frontera con Estados Unidos. Según un boletín de prensa del INM, se pudo comprobar que eran originarios de Honduras, por lo que se procedió “al rescate y resguardo” de los dos menores.

El 26 de enero, fueron ubicados 57 menores guatemaltecos entre 14 y 17 años de edad (43 niños y 14 niñas) en el punto de verificación migratoria Precos, ubicado en el kilómetro 311 al 315 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. Viajaban hacinados en el remolque de una camioneta. No estaban acompañados ni por sus padres ni por sus tutores.

Apenas el 15 de marzo pasado, dos padres originarios de Angola se aferraban con fuerza a su hijo pequeño para que no se lo llevara la corriente en la canalización del río Tijuana, en el extremo oeste de este país latinoamericano. La familia intentaba cruzar a Estados Unidos, pero los había sorprendido una crecida del agua a causa de las lluvias torrenciales de los últimos días. Fueron rescatados por los agentes de INM cuando batallaban en el agua helada.

Del otro lado de la frontera, en Coahuila, otra familia de ecuatorianos intentó cruzar el río Bravo con un bebé a cuestas a inicios de este año. La mamá y el bebé se salvaron, pero al padre se lo llevó la corriente, según informó el INM el 11 de febrero.

Según los escuetos informes de prensa del INM, las tres hermanas salvadoreñas de 9, 6 y un año y medio de edad, los dos pequeños hondureños, los 57 niños, niñas y adolescentes guatemaltecos, la mamá y la bebé ecuatorianas, la familia de angoleños y cientos de casos más que se registran prácticamente todos los días “quedaron bajo custodia”, del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, la institución mexicana para la atención de las infancias, pero en este país, donde los flujos migratorios están rompiendo récords cada año, es prácticamente imposible saber qué fue de ellos.

Cifras históricas

Tan solo entre el 6 de enero y el 15 de febrero pasados, el INM reportó haber encontrado en situación de vulnerabilidad a 519 menores de edad; 338 niñas y niños acompañados y 181 no acompañados.

De acuerdo con un informe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación divulgado en febrero, un total de 70.019 menores de edad migrantes fueron canalizados el año pasado por las autoridades migratorias mexicanas a albergues del Sistema Nacional DIF o sometidos a un proceso administrativo de deportación.

De ellos, 43.477 tenían entre 0 y 11 años y 26.542 entre 12 y 17 años. Poco más de 17% (12.410) provenían de Honduras y otro tanto de Guatemala (12.014) y el resto de diferentes países, algunos tan distantes de México como Kirquistán o Kazajistán.

En noviembre de 2021, el Congreso mexicano aprobó una reforma a las leyes de Migración y de Refugio y Asilo en las que, entre otras cosas, se prohíbe internar a menores en los centros de detención especializados del INM y se instruye a ponerlos bajo custodia de las Procuradurías de Protección (PP) de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) de 2014.

En teoría, estas procuradurías deben implementar en conjunto con otras instituciones un plan de “restitución de derechos de la infancia y la adolescencia”. Es decir, un grupo interdisciplinario de abogados, psicólogos, trabajadores sociales deben analizar cada caso y determinar “con base al interés superior del niño”, la mejor forma de proceder. Podría ser reunificarlo con su familia, escolarizarlo o iniciar un proceso de refugio.

Teoría vs. realidad

“Eso es la teoría, la parte bonita, pero en realidad está pasando de todo”, dice en una entrevista con Sputnik Valentina Glockner Fagetti, investigadora del Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional y doctora en Ciencias antropológicas especializada en temas de migración y estudios sociales sobre infancias y juventudes.

“Ni de chiste, el DIF con el presupuesto, con el personal, con las capacitaciones y con la capacidad instalada que tiene, se podría dar abasto para alojar a todas las infancias acompañadas y no acompañadas que migración podría detener”, afirma Glockner en una entrevista con Sputnik. “No hay manera de que pudieran responder a eso”.

En el desorden que impera en el país, a los menores migrantes les pasa de todo, dice Valentina, quien ha hecho trabajo de campo en distintas partes del territorio como parte de su trabajo académico: desde que son internados en las instalaciones del INM a pesar de estar expresamente prohibido, hasta que son separados de sus familias o simplemente botados en las calles.

Melissa Vértiz Hernández es secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, un colectivo de ONG que impulsó durante años las reformas a la ley de Migración y de Asilo y Refugio. “En realidad no hay la infraestructura adecuada para que los niños, niñas y adolescentes estén en espacios no privativos de libertad”, dice Vértiz en entrevista.

Para Melissa Vértiz, en 2022 debería de haber 70.000 planes de restitución de derechos individualizados para cada uno de los menores detectados por el INM o por cualquier otra autoridad mexicana, como las tres hermanas halladas en el islote del Mudo o los dos niños que deambulaban en Ciudad Juárez.

Pero en realidad, señalan las especialistas, la inmensa mayoría de estos fueron deportados sin cumplir con las leyes mexicanas ni con las convenciones internacionales y, en algunos casos, de una manera tan burda como ser llevados a la frontera con Guatemala y abandonados del otro lado de la línea fronteriza.

“Hay un desconocimiento brutal de las necesidades, de los derechos, de la importancia del asilo, hay un procesamiento y una burocratización en masa que hace que México deporte a la inmensa mayoría. Los que logran quedarse y seguir un proceso de solicitud de asilo son una minoría”, señala Glockner.

La antropóloga explica que, en la inmensa mayoría de los casos, el plan de restitución de derechos termina en una deportación a los países de origen de los menores.

“Es que la niña dijo que se quiere regresar a su casa y entonces acaba en la deportación, nada más que no le llaman deportación, le llaman reunificación familiar o retorno asistido. Obviamente, te encuentras en un país extraño, ya te agarraron, te meten a un lugar, te dicen que no te puedes ir de ahí, que no puedes ir con tu tía porque tu tía no tiene manera de comprobar que es tu tía: ¿qué más vas a hacer que pedir que te regresen a tu casa?”, explica la académica.

“Son planes que no necesariamente están hechos con base en lo que se conoce internacionalmente como “interés superior del niño” o hay una comprensión muy convenenciera de lo debería ser el interés superior del niño”, afirma.

La mayoría de esas rutas de restitución de derechos acaban en la deportación, llamándole reunificación familiar, pero siempre es una reunificación familiar a su país de origen, no hacia Estados Unidos, por ejemplo, que es donde en muchos casos están los padres de los menores detectados en México.

Para Vértiz, el problema de fondo es que, hasta ahora, a dos años de la aprobación de las reformas a las leyes de Migración y Refugio y Asilo, simplemente no se ha cumplido con dos artículos transitorios que ordenaban a la Cámara de Diputados a aprobar un ajuste presupuestal al INM, a las procuradurías y al sistema DIF.

“En realidad no hay un fortalecimiento de los grupos interdisciplinarios que tienen como responsabilidad evaluar y determinar el interés superior de manera individualizada de cualquier niño que pise territorio mexicano”, señala Vértiz.

Cambiar el paradigma

Para Glockner, más allá de la falta de capacidad del DIF y de las Procuradurías de Protección al Menor, para atender de manera adecuada a este volumen de menores no acompañados, lo que es necesario es cambiar el paradigma y transitar de un modelo de seguridad a un modelo humanitario para enfrentar la crisis que se está viviendo.

La migración de las infancias es un fenómeno que, dice, ha crecido en los últimos años hasta llegar a picos históricos y no va a parar.

“Esta burocracia estatal está hecha para deportarlos, pero si lo que queremos es que se queden necesitamos cambiar ese aparato del Estado para que el proceso no sea institucionalizado, sino brindar la protección, el derecho a migrar, la asistencia, pero desde un paradigma de derechos; entonces por eso el DIF en sí mismo tampoco es una respuesta a la crisis humanitaria no solo porque no tiene recursos, sino porque el DIF es una institución burocrática del Estado que lo que hace es institucionalizar a los menores”.

Para la especialista, la Administración de López Obrador, lejos de transitar a ese modelo, ha profundizado el modelo de seguridad desplegando a la Guardia Nacional en la frontera y, también, siendo cómplice de Estados Unidos en programas como Quédate en México o el Título 42, que permite al Gobierno de Washington deportar de manera exprés a prácticamente cualquier migrante, aun cuando pueda ser peticionario de asilo.

Si en algún sector de todo este entramado de migración se ven luces en el camino, afirma Valentina, es en los que tiene que ver con las infancias. Las reformas de 2021 son un paso importante en la protección de niños, niñas y adolescentes, pero falta aún mucho por hacer.