Era la historia de muchas mujeres violentadas. Golpes, separaciones, perdones, reencuentros, más golpes. La de ella por partida doble.

Municipio de Jilotzingo, Estado de México. 9 de enero de 2014.

Entre las 5 y 6 de la mañana, una mujer y su ex pareja viajaban en un auto Fairmont, color naranja. En el camino el hombre tomó un cuchillo y lo clavó en el cuello de ella. La herida laceró la carótida, tráquea y perforó el esófago.

Después arrojó su cuerpo en un lote baldío cerca de una carretera de terracería. El terreno donde fue encontrada la víctima era propiedad de un familiar del acusado.

La mujer tenía menos de 40 años, dos hijos y un marido. El marido, quedó establecido en el juicio, la maltrataba. Tenía también una ex pareja con la que se había ido a vivir un tiempo cuando se separó del marido. Ese segundo hombre también la golpeaba.

Su hija y otros familiares atestiguaron que la vieron llegar golpeada varias veces. El hombre la amenazaba incluso por teléfono. Quería que regresara con él después de que lo dejó para volver con el padre de su hija.

Era la historia de muchas mujeres violentadas. Golpes, separaciones, perdones, reencuentros, más golpes. La de ella por partida doble.

El día de su muerte, el segundo hombre, con el que ya no vivía, la buscó. Quería que lo viera con la excusa de que un familiar le había dejado una herencia.

Se encontraron. Alguien los vio ese día juntos en el Fairmont color naranja de él.

En uno de los asientos delanteros del Fairmont naranja fue encontrada sangre humana que coincidía con el perfil genético de la mujer asesinada. Pero la evidencia se puso en duda.

El acusado accedió a presentarse ante la fiscalía el 7 de octubre de 2014, en ese momento el auto fue asegurado. Pero los agentes se contradijeron en la manera en que el Fairmont color naranja llegó a manos del Ministerio Público.

En la carpeta existían dos versiones: en la primera, el acusado lo llevó hasta el estacionamiento del Ministerio Público.

En la segunda versión, el acusado fue trasladado ante las instalaciones de la fiscalía de Feminicidios, y el auto llegó en grúa al estacionamiento anexo de la entonces subprocuraduría de Tlalnepantla.

En cualquier caso nunca hubo registro de cadena de custodia del vehículo, ese documento en el que queda establecido quien es responsable del auto desde el momento que es asegurado. El sospechoso incluso presentó una denuncia de robo del auto.

Todo esto abrió la brecha para considerar que al no respetarse la cadena de custodia, cualquier evidencia tomada del vehículo podría estar contaminada.

“Es evidente que se requería de la intervención del agente del Ministerio Público, hoy fiscal, para que el mismo 7 de octubre de 2014, se constituyera en las afueras del domicilio para que se realizara la inspección ministerial del vehículo y que se asentara en un acta pormenorizada que permitiera a esta Juzgadora conocer el estado de conservación en el que se encontraba el vehículo mencionado. Con la finalidad de ubicar la existencia de la evidencia, que en el presente caso lo fueron las manchas que dieron positivo a sangre humana. Para que inmediatamente se iniciara con la cadena de custodia que serviría para verificar la identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y traslado del vehículo Ford Fairmont al estacionamiento de la agencia del Ministerio Público; lo cual no se realizó el día 7 de octubre de 2014, siendo hasta el 23 de octubre del 2014, sin que tuviera prueba alguna de que no se hubiera contaminado la evidencia”.

El vehículo permaneció a la intemperie en el estacionamiento del Ministerio Público desde el 8 de octubre de 2014, pero no se le realizó inspección ministerial de manera inmediata.

Fue hasta tres años después, el 27 de octubre de 2017 que la Fiscalía realizó la inspección ministerial y el perito encontró las manchas de sangre. Había pasado demasiado tiempo para buscar ADN en las manchas de sangre, solo pudieron conseguir el perfil genético.

El juez evidenció la incompetencia de la fiscalía durante el proceso de investigación:

“Siendo que hasta el 27 de octubre de 2017, Fiscalía realizó la inspección ministerial del vehículo y de la diligencia en la que intervinieron el perito en materia de criminalística (quien encontró manchas de sangre), cuyas muestras recabó (resultando positivo a sangre humana); empero no se estableció en juicio que alguno de los peritos en materia criminalística y química que se introdujeron al automotor para realizar las experticias referidas, firmaran cadena de custodia del automotor; sino solamente de las muestras de sangre recabadas en el vehículo”. “Lo cual implicó que el automotor pudo ser manipulado por cualquier persona que tuviera acceso a las instalaciones de la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla”

Además, durante el proceso de investigación el acusado y la defensa argumentaron que el sospechoso se encontraba en otro lugar el día de los hechos y la Fiscalía no buscó o presentó algún elemento de prueba que demeritara sus testimonios.

Sin una cadena de custodia que resguardara de toda duda razonable o sospecha de alteración las muestras de sangre, el caso se tambaleó. Si el auto hubiera sido inspeccionado en 2014 y no más de 3 años después del feminicidio, tal vez habría un hombre tras las rejas.

“Se encuentra inacreditado el hecho delictivo de FEMINICIDIO, en consecuencia se dicta sentencia ABSOLUTORIA”.

* Los nombres de las víctimas, los acusados y testigos de los juicios fueron reservados por las autoridades judiciales.