El canciller de México asegura que EU no los dejará pasar hacia su territorio.

El Gobierno de México respetará los derechos de una caravana de unos 3.000 migrantes provenientes de Centroamérica y Haití que caminan por el estado de Chiapas y descarta que se dirijan hacia EEUU, aseguró el canciller, Marcelo Ebrad.

La marcha “por la libertad, la dignidad y la paz” está integrada por miles de centroamericanos y haitianos, mujeres y menores, que denuncian la falta de atención de las autoridades mexicanas para cumplir con trámites migratorios en Tapachula (sureste), ciudad fronteriza con Guatemala.

“Nosotros actuaremos con prudencia, con cuidado a la ley y a los derechos humanos, pero sí queremos decir que están engañando a las personas porque no es verdad que les van a dejar pasar a EEUU”, dijo Ebrard en declaraciones a periodistas.

“Lo que nos ha informado la Secretaría de Gobernación (Interior) hoy (25 de octubre), en Gabinete de Seguridad, es que se va a actuar con prudencia. Evidentemente, lo que se busca es ver si hay una fricción (en acciones de contención), entonces se va a actuar con prudencia, respetando los derechos de las personas”, añadió el secretario de Relaciones Exteriores al final de un evento en la cancillería.

Los migrantes marchan para recorrer 18 kilómetros hacia Huixtla, municipio del estado de Chiapas (sureste), alejándose a 40 kilómetros de la frontera con Guatemala, vigilados por agentes migratorios y guardias nacionales.

El jefe de la diplomacia mexicana subrayó que los migrantes son víctimas de engaños de traficantes de personas, que les prometen llegar a la frontera norte de EEUU donde supuestamente se les permitiría el paso.

“No es cierto, ya vimos lo que pasó recientemente con los de Haití (…) Sí queremos decir que están engañando a las personas, porque no es verdad que los dejen pasar”, enfatizó Ebrard.

Devolución de solicitantes de asilo

Acerca de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés) para devolver a territorio mexicano a solicitantes de asilo a esperar resoluciones, el encargado de la política exterior señaló que la Casa Blanca no ha informado al país la fecha de reinicio del programa llamado “Quédate en México”.

“No nos han dicho [las autoridades estadounidenses] qué día van a empezar. Sí estamos discutiendo qué deberá de hacerse con las personas que se reciban en México en cualquier caso”, respondió el canciller.

El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, está obligado por una orden judicial de Texas, emitida en agosto pasado, a reiniciar el programa de devoluciones que entró en operación en 2019, aplicado por su antecesor, Donald Trump (2017-2020).

Ebrard explicó que México tiene dos opciones cuando se reanuden las devoluciones, que según defensores de migrantes llegaron a sumar unas 65.000 personas extranjeras en ciudades del norte del país.

Una alternativa es decir a Washington que deportarán a esas personas a sus países “en cuyo caso México estaría determinando que no vayan a la audiencia de asilo (en EEUU)”, expresó.

La otra opción es aceptar a esas personas en ciudades mexicanas fronterizas.

“Es un poco delicado para nosotros tomar esa decisión; tenemos una serie de preocupaciones y las haremos valer en su momento”, enfatizó el encargado de la política exterior.

Ebrard dijo que los migrantes retornados a México bajo el MPP eran unos 12.000 localizados cuando Biden decretó la cancelación del programa.

“¿Vamos a deportar a un millón y medio de personas? —se preguntó— No, no lo vamos a hacer”, puntualizó.

Pero señaló que son más de 1,7 millones expulsados bajo el Título 42, que permite deportaciones “en caliente” por razones sanitarias.

Una red de decenas de organizaciones defensoras de derechos de migrantes exigieron en el marco de la caravana “poner fin a la represión, contención y deportación de personas con necesidades de protección, y se garantice su derecho a solicitar asilo o regularizar su situación migratoria, conforme a la legislación nacional e internacional”.

El Gobierno de EEUU informó el 25 de octubre que el número de detenciones en su frontera sur alcanzó un nivel histórico en el año fiscal 2021 (octubre 2020-septiembre 2021): más de 1,73 millones de personas, un 77% mayor a dos años atrás.