El expresidente mexicano reside actualmente en el extranjero y, pese a los señalamientos, no hay ningún proceso legal en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ha solicitado una orden de aprehensión contra Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
La Fiscalía solicitó la captura de Videgaray ante su presunta operación de recursos de procedencia ilícita, en relación con el uso dado a los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para financiar campañas políticas en México. Del mismo modo, el exfuncionario es requerido por los delitos de cohecho y traición a la patria, según información citada por Reforma y Proceso.
Ante esta situación, Videgaray se suma a la lista de secretarios de Estado del Gobierno de Peña Nieto que han sido requeridos por autoridades judiciales.
El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido el 15 de octubre en Los Ángeles, debido a que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lo acusa de mantener nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva en el estado de Nayarit. Actualmente se encuentra en la ciudad de Nueva York, donde enfrentará cuatro cargos por delitos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero.
Asimismo, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, es acusada por las autoridades mexicanas de “omisión”, debido a que no informó sobre diversas irregularidades que resultaron en el desvío de 5.073 millones de pesos (285 millones de dólares en 2017) durante su gestión en las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En agosto de 2019 la exfuncionaria fue vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada por riesgo de fuga. El 25 de septiembre obtuvo una suspensión definitiva contra ese fallo, por lo que actualmente está a la espera de la determinación para seguir su proceso penal en libertad.
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, completa la lista de funcionarios que comprometen el legado del último Gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Lozoya se encuentra actualmente en prisión domiciliaria debido a que enfrenta dos procesos penales. Uno de ellos lo involucra en delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por su participación en el caso Odebrecht. El otro lo señala por lavado de dinero a causa de su participación en la compra de la planta chatarra Agronitrogenados.
En 2019, la Fiscalía General de la República libró una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex. Tras ser buscado en al menos seis países, fue detenido el 12 de febrero en Málaga, España. El 17 de julio, Lozoya Austin llegó a México como parte de su proceso de extradición, el cual su defensa aceptó el 30 de junio.
Durante una gran parte del sexenio de Enrique Peña Nieto varias investigaciones periodísticas y especialistas relacionaron a su Gobierno con casos de corrupción. El expresidente mexicano reside actualmente en el extranjero y, pese a los señalamientos, no hay ningún proceso legal en su contra.
