Morena, el partido del Gobierno, aprueba en la Cámara de Diputados la anhelada reforma de López Obrador, ante las advertencias de la oposición de que se ha militarizado la seguridad.

Por: Zedryk Raziel

Morena, la formación del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dado el primer paso decisivo en su objetivo de convertir la Guardia Nacional (GN) en un apéndice de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El partido gobernante ha utilizado de nuevo su rodillo legislativo en la Cámara de Diputados para aprobar sin mayores contratiempos la reforma constitucional, a despecho de las advertencias de la reducida oposición de que la enmienda conduce a militarizar la seguridad pública. Morena y sus aliados del PVEM y el PT han avalado este jueves la reforma con 362 votos, cifra que supera por mucho el requisito de las dos terceras partes —la mayoría calificada— para cambiar la Constitución. La enmienda, una de las más importantes para López Obrador, después de la judicial, implica que la Guardia Nacional, un cuerpo policial creado originalmente con espíritu civil, se convierta en una nueva Fuerza Armada, a la par del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada, y que sea conducida por un general de división castrense.

El oficialismo finalmente ha superado los contrapesos que habían frenado, hasta hoy, el traspase de la GN a la Sedena. López Obrador, que en cuestión de días entregará el poder a su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha defendido la necesidad de que la Guardia Nacional quede bajo el control del Ejército para garantizar la disciplina, eficiencia e incorruptibilidad de los 130.000 elementos que conforman este cuerpo policial. El mandatario ha machacado con el ejemplo de la extinta Policía Federal, antecesora de la GN, que ha calificado de incapaz y corrupta.

Morena intentó en 2022 consumar la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena mediante la vía rápida de una reforma a leyes secundarias; esa estrategia, que evitaba el tortuoso camino de tener que negociar con la oposición una enmienda constitucional, fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hoy, que el oficialismo tiene en la Cámara de Diputados una apabullante mayoría calificada tras las elecciones de junio, se ha concretado por fin el deseo de López Obrador. El Supremo no supondrá esta vez mayor obstáculo, acorralado como está por la recién aprobada reforma judicial.

El corazón de esta reforma modifica el artículo 21 de la Carta Magna. En 2019, cuando el Congreso creó la Guardia Nacional con el consenso de la oposición, se inscribió en la Constitución que el cuerpo policiaco tendría un carácter civil y estaría adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), una dependencia también de naturaleza civil. La enmienda de este jueves señala que la GN será una “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial”, que dependerá de la “secretaría del ramo de defensa nacional”, esto es, la Sedena.

Para matizar los señalamientos de que la enmienda significa una militarización de la seguridad, se establece que la SSPC diseñará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, mientras que la GN solo “la ejecutará”. Otro cambio relevante, que ha llamado la atención de los analistas, es que se otorgan a la Guardia Nacional nuevas facultades de investigación —y no solo de persecución— de delitos, a la par de las fiscalías y las policías. El comandante de la GN deberá ser un general de división activo en el Ejército; será designado por el Ejecutivo a propuesta del titular de la Sedena. Es previsible que este nombramiento quede en manos de Sheinbaum.

En 2023, la Suprema Corte echó atrás los cambios legales que pretendía el oficialismo con el razonamiento de que, conforme a la Constitución, la seguridad pública debía estar en manos de una autoridad civil; que la GN debía quedar bajo el mando de la SSPC, y que las Fuerzas Armadas solo podían colaborar en tareas de seguridad pública de manera excepcional, complementaria y subordinada siempre a las instituciones civiles de seguridad. Morena y sus aliados han logrado modificar la Carta Magna para superar esas limitaciones.

La sesión en la Cámara de Diputados ha transcurrido entre las constantes críticas de la oposición. Patricia Mercado, de MC, ha señalado que la reforma “elimina los escasos controles democráticos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana” de la GN. Dolores Padierna, de Morena, ha sostenido que los integrantes de la Guardia Nacional estarán sometidos a la justicia civil, no militar, en caso de que cometan un delito. Los morenistas han subrayado la importancia de que, constitucionalmente, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el titular del Ejecutivo, en este caso López Obrador y luego Sheinbaum, y que ninguno de ellos sería capaz de abusar del poder militar. También han insistido en que los militares que formen parte de la GN deben acreditar su formación en materia de respeto a los derechos humanos. “No hay, y no habrá, militarización en México, porque estamos en un nuevo régimen democrático, el régimen de la Cuarta Transformación”, ha afirmado la diputada Tatiana Ángeles.

Los panistas hicieron a un lado la autocrítica y omitieron cualquier admisión de culpa por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), donde se desató la guerra contra el narco, la estrategia de combate frontal a los cárteles con el Ejército y la Marina. Morena les ha refrescado la memoria. “Es difícil escoger un solo momento de entre los muchos que nos trajeron a este debate”, ha dicho Padierna. “Podría ser aquel día de 2010 en que un grupo de pistoleros masacró una fiesta de adolescentes y jóvenes en Ciudad Juárez, el día que Calderón dijo que las víctimas eran pandilleros. […] En ese periodo de terror que fue el sexenio de Calderón tenemos muchos días para escoger”, ha añadido.

Lo panistas apuntaron a su vez a la incongruencia del oficialismo, mostrando en la tribuna imágenes de la época en que varios dirigentes de Morena —entre ellos el propio López Obrador— se pronunciaban contra la militarización, en sus tiempos como opositores. “Qué falta de memoria, tienen memoria selectiva, porque no se acuerdan de cuando se desgarraban las vestiduras por la presencia de los militares en la calle”, ha señalado el panista Miguel Monraz. “Este es el gobierno más violento de la era moderna”, ha sentenciado, en referencia a las elevadas cifras de homicidios registradas en el actual Gobierno. Su compañera de grupo Eva Vásquez ha secundado: “Este ha sido el sexenio más violento en la historia de México”.

Desde las bancadas de Morena, el PT y el PVEM, los diputados replicaban con el grito de guerra del movimiento lopezobradorista: “¡Es un honor estar con Obrador!”. También clamaban: “¡Viva la Guardia Nacional, vivan las Fuerzas Armadas, viva Morena!”. Los legisladores de MC mostraban carteles que leían: “Queremos paz, no militarización”. Los de Morena pasaban a la tribuna con letreros en defensa de la Guardia Nacional: “Capacidad y disciplina”, “Confianza y honestidad” y “GN = Protección nacional”.

Los diputados del bloque oficialista han señalado que la reforma subsana el “limbo jurídico” en el que actuaban los militares en tareas de seguridad pública desde el calderonismo. Ricardo Mejía, del PT, ha reconocido que, en los hechos, la GN ya estaba bajo el control del Ejército. “Hoy se trata de blindar a esta institución y dotarla de un marco constitucional y legal más sólido, sin ambigüedades, directo y muy claro. Esta reforma formaliza una realidad que ya existe, la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena; con eso se garantiza una institución con formación, disciplina, control y un orden incuestionable”, ha afirmado. El oficialismo ha sacado a relucir varias veces el nombre de Genaro García Luna, la mano derecha de Calderón en materia de combate a los cárteles y que ha sido declarado culpable en Estados Unidos de narcotráfico. A decir de los morenistas, García Luna es el ejemplo de la profunda corrupción que atenazó a la Policía Federal.

La oposición ha recriminado a Morena su “traición” a la promesa de 2019 de que México contaría con una institución de seguridad con mando civil. “En lugar de corregir el rumbo, deciden seguir apostando por la militarización cívica del país”, ha afirmado la panista Eva Vásquez. “Esta reforma va en contra de la misma promesa con la que ganó el presidente: retirar al Ejército de las calles. Ahora no sólo son omisos en regresarlos a sus cuarteles, sino que legislan para mantener a las Fuerzas Armadas de forma definitiva en tareas de seguridad interior”, ha agregado.

La aprobación de la reforma de la Guardia Nacional ha corrido con una suerte distinta a la enmienda al Poder Judicial. En este último caso, la oposición trascendió el recinto legislativo y se volcó a las calles para intentar que el Congreso sesionara. Esta vez, la sesión para aprobar otra de las reformas de gran calado de López Obrador transcurrió con suficiente normalidad. Pese a las advertencias desde sectores de la academia y oenegés sobre la presencia de militares en las calles, el presidente izquierdista ha anotado otro triunfo a su agenda política, antes de dejar el cargo y recogerse a descansar a su finca en Chiapas, La Chingada.