La resolución correspondió al otorgamiento de un amparo promovido por la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Un juez federal concluyó que el acuerdo emitido en mayo por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para facultar a las Fuerzas Armadas a intervenir en acciones de seguridad pública es inconstitucional.

“El Acuerdo reclamado es inconstitucional porque evidencia que la autoridad responsable (el presidente) ha incorporado a las Fuerzas Armadas dentro del sistema ordinario y permanente de seguridad interior en tiempos de paz, en contravención a las condiciones constitucionales de validez que sobre la actuación de las fuerzas armadas en tiempos de paz ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señala la sentencia, emitida por el juez Martín Adolfo Santos Pérez.

Aunque el acuerdo del Ejecutivo mexicano se apega a una reforma constitucional aprobada en 2019, la cual abrió la puerta para que las Fuerzas Armadas participaran en tareas de seguridad pública mientras se crea la Guardia Nacional, el juez dictaminó que esta actuación debe ser excepcional, fiscalizada y subordinada al mando civil, aspectos que no se cumplen en el documento emitido por López Obrador.

La resolución correspondió al otorgamiento de un amparo promovido por la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), una de las cuales se ha opuesto públicamente a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad en el país latinoamericano.

El juez Santos Pérez también indicó que el plazo de cinco años establecido para que los militares ayuden a combatir el crimen no es una carta abierta para decidir de facto que las Fuerzas Armadas pueden participar en esta tarea abiertamente.

“Es determinación claramente injustificada y desproporcional si se toma en consideración que no todas las entidades federativas se encuentran en la misma situación de seguridad o inseguridad, según sea el caso. Atendiendo a la región del país en que nos situemos, se podrá observar, con mediana facilidad, que no todos los estados del país viven el mismo grado de inseguridad en las calles”, expuso.

El acuerdo emitido por López Obrador fue dado a conocer el 12 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. Aunque entonces se justificó que el apoyo militar sólo se presentaría en situaciones “extraordinarias” y estaría subordinado a un mando civil, especialistas y organizaciones civiles advirtieron que se abría la puerta a una amplia intervención militar en la seguridad pública, ya que no fijaba plazos claros, ni subordinación civil o controles externos a su actuación.

Entre las acciones contempladas se encuentra la implementación de las Fuerzas Armadas en estrategias y operativos para la prevención del delito en general, así como su participación en el resguardo y vigilancia de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carreteras federales, puntos migratorios, parques nacionales, instalaciones federales y medios de transporte.

Asimismo, se faculta a los militares para realizar detenciones o asegurar bienes posiblemente relacionados con algún hecho delictivo, e igualmente, para preservar lugares relacionados con crímenes y recolectar evidencias.