El juicio contra el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón derrumba el mito del superpolicía que se enfrentaba a los carteles y lo desenmascara como socio de los criminales que prometió combatir.

Por: ELÍAS CAMHAJI

Nunca el vínculo entre las autoridades mexicanas y el narcotráfico había quedado en evidencia con tanta claridad. Genaro García Luna, el rostro de la guerra contra las drogas en México, fue declarado culpable en Estados Unidos de todos los cargos en su contra. El veredicto de la Corte del Distrito Este de Nueva York sepultó el mito del antiguo jefe de la Policía Federal, uno de los hombres más cercanos e influyentes en el Gabinete de Felipe Calderón (2006-2012) y socio confiable de la Casa Blanca, y lo desenmascaró como un estrecho colaborador del Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. El país latinoamericano aún procesa las implicaciones de un fallo histórico: la caída del funcionario mexicano de más alto rango que ha pisado un tribunal estadounidense por narcotráfico y delincuencia organizada. “García Luna vivirá el resto de sus días como un traidor a su país”, afirmó Washington después de conocer la decisión de los 12 miembros del jurado.

Confidente del expresidente Calderón, artífice de la cacería contra los capos de la droga, funcionario ambicioso y temido. Mucho de lo que se conocía sobre los primeros años de la guerra contra el narcotráfico en México se desprendía de trabajos periodísticos, libros, series y películas. Esta vez, sin embargo, fueron los protagonistas del conflicto quienes lo contaron todo sin intermediarios: los narcotraficantes expusieron cómo pagaron millones de dólares en sobornos a autoridades de todos los niveles, cómo se disfrazaron de policías para capturar a sus rivales y cómo tenían acuerdos sobre la distribución de beneficios del tráfico de narcóticos.

El juicio fue un testimonial del narco, la secuela del proceso contra Joaquín El Chapo Guzmán en 2018, en la misma corte y ante el mismo juez. La cadena de complicidades se adornó de las excentricidades de los criminales, como cuando el colombiano Harold Poveda El Conejo lloró en el estrado al recordar su colección de animales exóticos o cuando Tirso Martínez El Futbolista explicó que se ganó ese sobrenombre porque era dueño de cuatro clubes profesionales de fútbol. Pero no fueron solo los criminales quienes apuntaron el dedo contra García Luna, también lo hicieron expolicías castigados por negarse a colaborar con los carteles, exfuncionarios corruptos y agentes estadounidenses que contaron frustrados cómo se erosionó la confianza en sus contrapartes mexicanas.

La defensa presentó fotografías del acusado con figuras del calibre del expresidente Barack Obama o excandidatos presidenciales como Hillary Clinton y John McCain. Pero no fue suficiente. En el otro lado de la moneda, la Fiscalía pudo demostrar las acusaciones sin ahondar en el paso de García Luna por el Cisen, la principal agencia de espionaje civil de México durante más de una década; sin contar de cuando simuló la detención de una banda de secuestradores para que pudiera ser retransmitida en directo por televisión, sin presentar al jurado el imperio inmobiliario que construyó en Miami desde 2013, bajo la sospecha de desvío de fondos públicos. El Gobierno mexicano quiere ese dinero de vuelta y presentó en octubre de 2021 una demanda civil en Florida por la malversación de más de 700 millones de dólares.

El exfuncionario que acapara todos los reflectores en México tuvo su primer cargo importante en 2001, cuando se convirtió en director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada en el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Estaba en el círculo inmediato que rodeaba al Gabinete en esa Administración, pero era tímido, tartamudo y apenas hablaba en las reuniones con el presidente. Tras bambalinas recibía sobornos mensuales de más de un millón de dólares del Cartel de Sinaloa. García Luna era un aliado fiel: les daba uniformes, vehículos y credenciales oficiales para que portaran armas de uso exclusivo de las autoridades. Les filtraba información sensible para que no fueran detenidos. Recogía él mismo las maletas de dinero después de sentarse a hablar por horas con los capos. Eso fue lo que se dijo durante el juicio y lo que dejó de ser una verdad en disputa tras el veredicto, al menos ante la ley.

A finales de 2006, con la llegada al poder de Calderón, García Luna fue nombrado ―para sorpresa de propios y extraños― secretario de Seguridad Pública. Su encomienda era construir la Policía Federal, una corporación que en seis años de gestión multiplicó su poder de fuerza por cinco veces, hasta rozar los 40.000 efectivos. No hubo una Administración que colaborara más con la Casa Blanca en temas de seguridad. Condecorado y elogiado por Estados Unidos, el acusado ya no iba en persona por los sobornos, pero se mantenía en comunicación permanente con los criminales. Llegó a cobrar tres millones de dólares por reuniones de 15 minutos, según los testimonios de Óscar Nava Valencia El Lobo y Jesús El Rey Zambada, dos de los narcos más temidos en ese tiempo.

Agentes federales ayudaban a los narcotraficantes a descargar paquetes de droga de aviones, los ayudaban a esconderse y después fingían buscarlos. Jefes criminales tenían acceso a las más altas esferas de la política. Como a García Luna, los tenían en la nómina: jueces, mandatarios, periodistas, autoridades de todos los niveles. Los carteles crecieron como nunca antes. “Hubiera sido imposible sin la ayuda del Gobierno”, dijo Sergio Villarreal El Grande, un antiguo lugarteniente. “Se está utilizando la resolución para atacarme”, sostuvo Calderón, que obtuvo un permiso de residencia en España en octubre pasado, tras conocer el fallo.

La Fiscalía apostó por construir el caso sobre los testimonios y con pocas evidencias físicas. El tema aún enciende los debates del otro lado de la frontera, a 3.000 kilómetros de donde se decidió el destino de García Luna. Está previsto que el juez dicte sentencia a finales de junio próximo. El exfuncionario se enfrenta a una condena de 20 años a cadena perpetua en la cárcel.