“Salimos satisfechos de esta reunión, a diferencia de las pasadas, porque está habiendo avances ya más tangibles”, dijo el jurista de los familiares, sin poder ofrecer los detalles para preservar el sigilo de las investigaciones.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió a los familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal de maestros de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, para presentar nuevos elementos de las investigaciones de los últimos meses.

“Nos presentaron varios avances en las investigaciones, no los podemos revelar porque tienen que ver con puntos neurálgicos de la investigación, y se puede poner en riesgo su éxito”, dijo a periodistas el abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales, al salir del encuentro.

El defensor de las familias de los jóvenes dijo que las peticiones que presentaron a la actual administración, que ha reconstruido la investigación, “en un 70% se ha avanzado, es un avance considerable”, según reportó el periódico La Jornada.

Casi un centenar de jóvenes que viajaban hacia la capital en cinco autobuses, ocupados para asistir a la marcha anual de cada 2 de octubre, en conmemoración de la masacre de universitarios en la Plaza de Tlatelolco, fueron atacados casi a la medianoche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero (sur).

Al menos siete patrullas de varios municipios persiguieron y dispararon a los jóvenes, dejando unos 25 heridos y seis personas muertas en distintos puntos de Iguala aquella noche, algunas de un equipo de fútbol que viajaba en otro autobús.

Entre las peticiones de las familias y sus abogados está la detención de policías federales y agentes del municipio de Huitzuco, vecino de Iguala, y otras personas vinculadas con los hechos de aquella noche.

“Sobre eso tenemos los avances”, dijo sin ofrecer detalles el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, de Guerrero (sur).

En la trama también, acusan, habrían actuado militares de un batallón que tiene sede en Iguala.

Las madres, padres, familiares y representantes de las organizaciones que los acompañan recibieron con satisfacción el informe del jefe del Ejecutivo.

“Salimos satisfechos de esta reunión, a diferencia de las pasadas, porque está habiendo avances ya más tangibles”, dijo el jurista, sin poder ofrecer los detalles para preservar el sigilo de las investigaciones.

Anuncio oficial en aniversario

López Obrador planteó a las familias que presentará en público los avances cuando se cumplan seis años de los ataques y desaparición de los jóvenes, el próximo 24 de septiembre.

Ese día simbólico, el presidente recibirá a las familias de los desaparecidos, que viajarán de nuevo desde la empobrecida región montañosa de Guerrero, y presentará los hallazgos en una conferencia de prensa.

Rosales adelantó que el jefe del Ejecutivo dará un mensaje acompañado de su gabinete, en el Palacio Nacional.

Sin embargo, con los elementos adelantados, el abogado mostró escepticismo sobre la posibilidad de que en dos semanas se alcance la verdad y se haga justicia, a seis años de la tragedia.

“Todavía lo veo complicado, porque si bien es cierto que se puede avanzar en esta parte, es importante que las personas [detenidas] hablen, que aporten información”, dijo el defensor, quien ha acompañado a las familias desde los primeros días de las desapariciones.

Más de un centenar de inculpados han sido detenidos a lo largo de estos años, pero decenas han sido liberados, algunos esgrimiendo que las confesiones fueron arrancadas con torturas.

Por la manipulación de evidencias está prófugo quien fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien presuntamente se halla en Canadá.

Rosales observa que si los nuevos detenidos no aportan información, “y se atrincheran en su defensa jurídica”, se va continuar como hasta ahora, sin saber cuál fue el destino de los jóvenes, que estaban en su primer año en la escuela de maestros rurales.

“No está el paradero de los estudiantes, hay muchos [asuntos] pendientes todavía y la protesta tiene que seguir”, dijo el defensor de las víctimas.

El subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, principal responsable de la nueva investigación, dijo antes del encuentro que “ha habido cambios en la narrativa de los hechos”. Además fue identificado plenamente un segundo estudiante; los únicos dos casos en que los análisis genéticos en huesos calcinados arrojaron resultados.

Ahora se sabe “todo el desplazamiento que tuvieron los muchachos, de manera muy puntual”, según Encinas.

También la forma en la que operó el grupo delictivo.

“Prácticamente está resuelto, en qué momento y en qué lugar”, actuaron, agregó.

Según la llamada “verdad histórica” que el Gobierno anterior sostuvo durante años, los 43 jóvenes fueron supuestamente entregados al grupo narcotraficante Guerreros Unidos.

Los delincuentes los habrían asesinado, incinerado después los cuerpos en el basurero a cielo abierto del pueblo de Cocula, en una barranca, y lanzando los restos calcinados al riachuelo San Juan; pero ahora esa versión se derrumba.