El exfuncionario de seguridad de México está acusado de ayudar a los narcotraficantes a enviar drogas a Estados Unidos. Su defensa dice que es blanco de los hombres que ayudó a encarcelar.

A principios de este siglo, un integrante de alto perfil del Cártel de Sinaloa dijo que interceptó un cargamento de cocaína de una organización rival durante su paso por el estado mexicano de Chiapas.

Luego de que las drogas fueron llevadas a un almacén, declaró el integrante el lunes, uno de los jefes del cártel apareció con un invitado inesperado: Genaro García Luna, que por entonces estaba a cargo del equivalente mexicano del FBI.

Se había llegado a un acuerdo, según el integrante del cártel, Sergio Villarreal Barragán: el cártel se quedaría con la mitad de las ganancias de la venta del cargamento de dos toneladas y García Luna, dijo, recibiría la otra mitad, más de 14 millones de dólares.

El relato del acuerdo se presentó en el primer día completo del juicio a García Luna en el Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn. En intervenciones de apertura encontradas, el gobierno y la defensa presentaron descripciones radicalmente distintas del acusado.

Los fiscales federales dijeron que, durante más de una década, García Luna llevó una doble vida y recibió millones de dólares en sobornos para proteger a los mismos traficantes que debía estar persiguiendo.

Pero sus abogados refutaron estos argumentos. Dijeron que García Luna, de hecho era lo que siempre dijo ser: un policía honesto que ayudó a Estados Unidos a detener a figuras importantes del Cártel de Sinaloa, mismos que ahora buscaban vengarse de él en su papel de testigos del gobierno.

El juicio, que podría llegar a durar hasta ocho semanas, planteará una difícil decisión al jurado: ¿García Luna, el funcionario mexicano de más alto rango en enfrentar un juicio en un tribunal estadounidense por cargos de narcotráfico, fue un flagelo para el Cártel de Sinaloa o su servidor secreto?

El proceso llevará a los jurados a un recorrido de los vertiginosos juegos de espejos que a menudo hay en los pasillos del poder en México.

Philip Pilmar, fiscal federal, abrió el caso del gobierno con la biografía profesional del acusado.

Le dijo al jurado que García Luna ingresó al servicio público en 1989 trabajando para el CISEN, una agencia de inteligencia que se acababa de crear en México. De 2001 a 2006 fungió como director de la Agencia Federal de Investigación. Después, durante la presidencia de Felipe Calderón, fue nombrado secretario de Seguridad Pública de México, un puesto poderoso en el gabinete que ocupó hasta 2012.

Pero en todo ese tiempo, García Luna, acusado de ser parte de una empresa criminal establecida, estuvo traicionando a sus colegas y a su país, según aseguró Pilmar.

“Mientras tenía la encomienda de trabajar para el pueblo mexicano, también tenía otro empleo, un empleo más sucio, un empleo más redituable”, dijo Pilmar. El trabajo, prosiguió, era proteger los enormes envíos de cocaína y otras drogas del Cártel de Sinaloa que cruzaban la frontera hacia los consumidores estadounidenses.

En su intervención de apertura, César de Castro, el principal abogado de García Luna, le dijo al jurado que a pesar de sus acusaciones, el gobierno no tenía pruebas concluyentes de la culpabilidad de su cliente y que el caso de la fiscalía recaería casi exclusivamente en testimonios de integrantes del propio cártel. Muchos de esos testigos fueron personas a las que García Luna ayudó a detener en México y extraditar a Estados Unidos, lo que les daba un motivo para declarar en su contra.

“Qué mejor venganza”, dijo De Castro, “que sepultar al hombre que lideró la guerra contra los cárteles”.

De Castro también señaló que a lo largo de su carrera, García Luna colaboró de cerca con la crema y nata de los altos funcionarios estadounidenses de los departamentos de Estado y de Justicia, así como del Congreso y la Casa Blanca.

Para ello mostró al jurado una selección de fotografías de su cliente con Eric Holder, exprocurador general, y Hillary Clinton, otrora secretaria de Estado, así como estrechando la mano del presidente Barack Obama.

Tras las intervenciones de apertura, el gobierno llamó al estrado a Villarreal Barragán, un exagente de policía que cambió de bando en la guerra contra las drogas y alrededor de 2001 se fue a trabajar para el cártel.

Villarreal Barragán, un hombre imponente conocido como “el Grande”, le dijo al jurado que estuvo presente en varias ocasiones cuando su jefe, Arturo Beltrán Leyva, alto cabecilla del cártel, entregó sobornos a García Luna, a menudo en una casa de seguridad cerca de una iglesia al sur de Ciudad de México. Los sobornos, afirmó, solían ascender a 1 o 1,5 millones de dólares al mes.

Según Villarreal Barragán, gran parte del dinero procedía de un fondo organizado por Beltrán Leyva y otros líderes del cártel como Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como “el Chapo” que fue condenado en un juicio en el mismo tribunal de Brooklyn en 2019.

Con el tiempo, Villarreal Barragán indicó al jurado, los sobornos financiaron los servicios de agentes de la policía federal que trabajaban para García Luna y que ayudaron a los traficantes a extender sus operaciones en grandes extensiones del resto de México.

“Los pagos crecieron conforme creció el cártel”, dijo Villarreal Barragán, “y sin ese apoyo habría sido prácticamente imposible”.

Este juicio no es la primera vez que García Luna ha sido acusado públicamente de actos de corrupción. Hace más de una década, Édgar Valdez Villarreal, un lugarteniente de Beltrán Leyva conocido como “la Barbie” por su aspecto bien parecido, envió una carta a un diario en México en la que acusaba a García Luna de haber recibido sobornos directamente de parte suya.

En aquel momento, un vocero de García Luna rechazó las acusaciones y dijo que eran un intento de desacreditar públicamente a las autoridades mexicanas y de “chantajear” a cambio de privilegios en la prisión federal en la que estaba Valdez.

Es posible que Valdez participe como testigo en el juicio junto con otros traficantes de alto perfil a los que García Luna ayudó a poner tras las rejas. Entre ellos está Jesús Zambada García, quien en el juicio de Guzmán le dijo al jurado que se había reunido con García Luna en dos ocasiones en un restaurante y que en cada una de ellas entregó un portafolio con al menos 3 millones de dólares en efectivo.

Fue esa declaración de 2018 la que motivó a los fiscales en Brooklyn a empezar a integrar un caso contra García Luna, de acuerdo con una persona con conocimiento del asunto que no tenía permiso de dar declaraciones en público. Agentes federales en Houston habían estado trabajando en su propio caso contra él desde más o menos 2012, según la persona, pero no pudieron convencer al Departamento de Justicia de presentar cargos.

Durante las más de tres horas que testificó, Villarreal Barragán le dijo al jurado que Beltrán Leyva consideraba a García Luna un amigo y que en una ocasión le regaló una motocicleta Harley-Davidson hecha a medida.

Enumeró una larga lista de agentes de policía corruptos que trabajaron con el acusado, entre ellos Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, quienes también figuran como acusados en el mismo caso, pero que siguen prófugos en México.

Durante su declaración, Villarreal Barragán también implicó a un exoficial de policía de alto rango, Édgar Millán Gómez, como aliado de un subgrupo del Cártel de Sinaloa dirigido por Guzmán Loera.

A Millán lo mataron de forma muy sonada un escuadrón de asesinos del cártel en 2008 en un momento en que la facción del cartel de Guzmán Loera entró en guerra con una facción dirigida por Beltrán Leyva.