Parte de la problemática para atender el consumo de drogas radica en el estigma y la discriminación hacia las personas que han desarrollado adicción o dependencia a sustancias, ya que indirectamente estas personas también asumen ese rol negativo para la sociedad y que no tienen derecho a ayuda, pese a que recibir apoyo es parte de sus derechos humanos.

En ese sentido, docentes y académicos de la Escuela de Psicología de CETYS en Campus Tijuana, realizaron el primer simposio de: “Estigma, discriminación y violencia hacia las personas con consumo problemático de drogas y trastorno por dependencia a sustancias”, con el apoyo del Instituto de Psiquiatria del Estado de Baja California (IPEBC), y de la Dirección de Prevención del Delito y Participación en Tijuana, donde conversaron, desde sus trincheras, la relevancia de realizar un trabajo apegado a los derechos humanos y cómo empeora la situación si persiste estigma de la población en general.

De acuerdo con la Mtra. Ana Laura Zatarain Carrillo, Directora de Promoción y Prevención de la Salud Mental del IPEBC, culturalmente la idea negativa de las personas por su aspecto o condición social, como la del preso, el malandro o personas en situación de calle, incluye creer que es la población que habitualmente es la más afectada del consumo de drogas. Bajo ese estigma reciben acciones en contra por parte de la sociedad, no solo ignorándoles apoyos, también se les violenta alejándolos de la sociedad, como si se creyera que al tener este problema de adicción “pierden sus derechos humanos”, en el peor de los casos se les niega derechos a la salud en hospitales.

“Si esta población pide trabajo en las maquilas o cualquier otro lado, lo más probable es que se les niega el empleo sin importar que tengan las competencias, si es un buen trabajador y/o disciplinado”, consideró la funcionaria estatal.

La conferencia inaugural “Consecuencias de la estigmatización en las vidas de las personas con consumo problemático de sustancias” estuvo a cargo de la Mtra. Zatarain. Posteriormente estuvo en el panel: “Violación de derechos humanos en personas que consumen sustancias dentro del sector público (escuelas, centros de salud, centros comunitarios)”, junto a  la Mtra. Melba Adriana Olvera Rodríguez, Subsecretaria de Derechos Humanos en el Gobierno Estatal de Baja California, y el Oficial Miguel Ángel Araujo Higuera, Subdirector de Prevención del delito y participación ciudadana de Tijuana.

En ese sentido, la Mtra. Melba Adriana Olvera, comentó que las instituciones, organismos y demás grupos que atienden a personas en esta situación de vulnerabilidad deben estar en capacitación permanente en derechos humanos.

“Su visión de sí misma, es de haber perdido los derechos en el momento en que empezaron a consumir algún tipo de narcótico, pero si no promovemos derechos humanos en ellos, podemos buscar ayudarlos más”, mencionó la Mtra. Melba durante su conferencia de “impacto de la discriminación en personas que consumen sustancias y su relación con la reinserción social”, reflexionó.

Cabe señalar que, la reforma a la Ley General de Salud en materia de Salud Mental (2022) específica en diversos artículos la garantía de atención a los problemas de salud mental y adicciones de manera prioritaria, bajo los principios de la más alta calidad en la atención y sin discriminación de ninguna índole. También enfatiza su labor hacia “la recuperación y el bienestar, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.