La batalla legal entre el Gobierno de México y la compañía estadounidense Vulcan Materials llegará a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se niega a pagarle 1.529 millones de dólares a esta firma minera con sede en Alabama que, dice el mandatario, extrae materiales pétreos en Quintana Roo sin los permisos ni controles necesarios.

En febrero pasado, las autoridades mexicanas frenaron las actividades de Calizas Industriales del Carmen (Calica) —filial mexicana de Vulcan Materials— por daño ambiental en Playa del Carmen. Sin embargo, la compañía no acató la orden y siguió operando, razón por la cual tres meses después, en mayo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró definitivamente las instalaciones de la empresa.

Vulcan Materials argumenta que el Gobierno de México no cumplió con los acuerdos comerciales que se habían firmado entre ambas partes, por lo que lo demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), del Banco Mundial (BM), exigiendo una indemnización de 1.529 millones de dólares.

Ante esta situación, el presidente López Obrador ha decidido responder la demanda, pero ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su argumento: el daño ambiental que ha generado la compañía estadounidense por la extracción de piedra caliza.

“Ya se tomó la decisión de cancelar por completo la obra. Y así como ellos acudieron a tribunales internacionales, nosotros vamos a acudir a la ONU y a tribunales internacionales. No dejamos, no cancelamos la posibilidad del acuerdo, pero mientras estemos en el Gobierno, apegados a la legalidad, no vamos permitir que se extraiga material de construcción de Calica”, comentó el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa del 16 de junio.

“A lo mejor están pensando ellos [Calica y Vulcan Materials] que ya va a terminar el Gobierno y que van a reiniciar sus labores, pero vamos hacer denuncias en la ONU, porque incluso estoy pensando también hacer una notificación a las bolsas de valores donde cotiza la empresa, porque todos tenemos que cuidar el medio ambiente de verdad, no estos ambientalistas falsos [que están en contra del Tren Maya]”, agregó López Obrador.

Desde el 3 de enero de 2019, la compañía estadounidense acusó al Gobierno mexicano de provocarle pérdidas millonarias e impedir sus operaciones e inversiones, alegando que ese acto atentaba contra el marco normativo del entonces llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Según el presidente mexicano, la concesión a Vulcan Materials fue otorgada durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando la secretaria del Medio Ambiente era Julia Carabias.

El 3 de febrero, López Obrador anunció la suspensión y la no prórroga a la concesión que tenía Calica en Playa del Carmen, frente al Caribe mexicano. La resolución está prevista para el segundo semestre de 2022.

El Gobierno de México sostiene que las actividades de Calica en suelo mexicano han provocado “la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas”.

“La explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas”, se lee en el comunicado de las autoridades.